Un decreto presidencial publicado el 17 de julio en la Gaceta Oficial Federal establece nuevas tarifas de acceso para el Parque Jaguar en Tulum, Quintana Roo, y asigna la responsabilidad de la venta de boletos a la empresa estatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Méxica, S.A. de C.V. (GAFSACOMM). Esto ha generado preocupaciones entre el Sindicato Nacional de Trabajadores Culturales, que ven esta medida como un intento de privatizar la Zona Arqueológica de Tulum. El sindicato argumenta que las zonas arqueológicas no son parques temáticos o atracciones turísticas subordinadas a intereses económicos y no deben ser administradas por empresas estatales. El experto Bolfy Cottom señala que, si bien no hay privatización directa, el gobierno parece estar asignando más recursos a las áreas de infraestructura del proyecto del Tren Maya y utilizando el turismo arqueológico para generar ingresos a través de tarifas vinculadas al estado. El decreto establece que el acceso a los sitios será de 165 pesos, pero según el sindicato, la entrada para los trabajadores extranjeros y los trabajadores extranjeros continuará bajo la gestión de un boleto compartido de 165 pesos.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo destaca las preocupaciones sobre la posible privatización de un área culturalmente significativa y critica la creciente participación de entidades vinculadas con el ejército en la gestión de sitios del patrimonio.





