Las Naciones Unidas han pedido la suspensión del desalojo de Maricarmen, una anciana que se enfrenta al desplazamiento de su casa después de décadas de vivir allí. Sin embargo, esta solicitud no garantiza que pueda permanecer en su casa. Su caso se ha convertido en emblemático de la actual crisis de vivienda de España, atrayendo una amplia atención debido a su peso emocional y las implicaciones más amplias para las poblaciones vulnerables.
Ha pasado siete décadas en la misma casa, pero ahora se enfrenta a la perspectiva de verse obligada a mudarse ya que el mercado de la vivienda sigue siendo altamente inflado. Sin otras opciones viables, tendría que buscar un alojamiento alternativo, posiblemente en un hogar de ancianos. A pesar de agotar todas las vías legales, se encontró recurriendo a organismos internacionales en busca de ayuda, destacando problemas sistémicos dentro del marco legal de España con respecto a los derechos a la vivienda.
Su equipo legal, dirigido por Beatriz Duro, explicó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) de las Naciones Unidas emitió un aviso al tribunal solicitando la suspensión del desalojo para evitar daños irreversibles mientras continúa el proceso. Este aviso se recibió 15 días antes del tercer intento programado de desalojar a Maricarmen. Si bien esto marca un paso significativo hacia adelante, la resolución del CESCR no es vinculante y deja espacio para la interpretación por parte de los tribunales locales.
Las medidas solicitadas incluyen protecciones temporales destinadas a detener el desalojo o aplicar soluciones alternativas, con un plazo de seis meses para proporcionar información actualizada sobre el curso de acción propuesto.
A pesar de la participación de un organismo internacional, no hay certeza de que el proceso de desalojo se detendrá. Jacinto enfatizó que aunque España ha ratificado tratados internacionales confirmados por la ONU, el cumplimiento varía entre los tribunales. Algunos jueces pueden optar por ignorar estos mandatos, lo que lleva a una aplicación inconsistente del derecho internacional a nivel nacional.
La lucha de Maricarmen comenzó hace ocho años cuando su familia vendió su edificio a Renta Corporation, una de las principales compañías inmobiliarias de España. Aunque la compañía le ofreció la opción de quedarse bajo un derecho de compra preferencial, el precio era demasiado alto dado sus ingresos de pensión. En 2020, Urbagestión adquirió su casa, invalidó su contrato de alquiler existente e inició el proceso de desalojo exigiendo un alquiler más alto que no podía pagar. Esto desencadenó una cadena de batallas legales, que culminaron en la reciente apelación a la ONU.
La situación pone de relieve los desafíos que enfrentan los inquilinos a largo plazo en un mercado de la vivienda cada vez más especulativo donde las presiones económicas a menudo prevalecen sobre las consideraciones humanitarias.
En paralelo, otro caso que involucra a la Iglesia ha llamado la atención. Una carta entregada al Papa Francisco por el Sindicato de Inquilinos criticó el desalojo de Mariano Ordaz, un hombre de 67 años de Madrid cuya casa pertenecía a una orden católica. La carta acusó a la Venerable Orden de San Francisco de Asís de participar en un comportamiento especulativo al aumentar los alquileres y finalmente desalojar a Mariano a pesar de poseer más de 300 propiedades donadas por fieles seguidores. Después de cuatro desalojos retrasados debido a la presión de la comunidad, Mariano finalmente fue retirado de su casa, que se había deteriorado debido a la humedad y otros problemas.
Ahora reside en un albergue después de que la orden se negó a negociar una solución, citando obligaciones financieras vinculadas a la pérdida de su trabajo como camarero inducida por la pandemia.
La Unión de Inquilinos también destacó las acciones de la Fundación Fusara, administrada por la Arquidiócesis de Madrid, que se niega a renovar los contratos de cientos de familias que viven en 13 edificios propiedad de la iglesia. Estas propiedades se venden a fondos de inversión, lo que exacerba aún más la crisis de la vivienda. El sindicato expresó confusión sobre el papel de la Iglesia en tales actividades especulativas, cuestionando si las instituciones religiosas deberían priorizar los intereses económicos sobre el bienestar de los vulnerables. Instaron al Papa a intervenir durante su visita a España, buscando un diálogo público sobre la difícil situación de personas como Mariano y Maricarmen, quienes enfrentan un desalojo inminente.
La carta al Papa también hizo referencia al impacto más amplio de las políticas de vivienda en las comunidades marginadas, incluidos los migrantes que han sido desplazados y actualmente residen en refugios de emergencia. Condenó la tendencia al aumento de los costos de la vivienda que obligan a las familias a asignar porciones más grandes de sus ingresos para el alquiler, dejándolas en situaciones precarias donde las necesidades básicas como la comida para los niños podrían verse comprometidas. La Unión de Inquilinos enfatizó el creciente problema de hacinamiento y condiciones de vivienda inadecuadas en Madrid y en toda España, subrayando la necesidad urgente de reformas políticas para abordar estos problemas sistémicos.
A medida que se desarrollan los casos de Maricarmen y Mariano, reflejan las tensiones sociales más profundas que rodean los derechos a la vivienda, la desigualdad económica y el papel de las entidades privadas y las instituciones religiosas en la configuración de los paisajes urbanos.
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