La isla caribeña de San Andrés ha sido durante mucho tiempo un destino para los turistas que buscan lujo, comodidad y ocio. Pero debajo de sus playas bañadas por el sol se encuentra una realidad diferente, marcada por la pobreza, la corrupción y la violencia.
San Andrés, ubicado a casi 1.210 kilómetros de Bogotá, se ha ido aislando cada vez más del gobierno central. Los residentes describen un patrón en el que los problemas legales se resuelven a través del dinero, las sospechas de irregularidades se eliminan a través de contratos y los problemas desaparecen después de que se eliminan a los individuos. Esta dinámica ha creado un entorno en el que la corrupción no es solo una posibilidad sino una norma percibida. Las autoridades locales no han abordado problemas sistémicos como el acceso inadecuado al agua limpia, la mala atención médica, la infraestructura en ruinas y la falta de seguridad. Según un líder local que solicitó el anonimato, no hay nadie dispuesto a desafiar estas prácticas.
"Nadie investiga. Nadie hace preguntas. Nadie hace nada", dijo. "La evidencia es visible en las calles. Los residentes de San Andrés soportan penurias diarias que destacan las consecuencias de esta disfunción. Los trabajadores de restaurantes se quejan de las condiciones que deben soportar mientras sirven a los turistas, las mujeres esperan meses para cirugías fuera del hospital regional, los hombres llevan cubos de agua porque sus hogares no han tenido servicio durante semanas, y los médicos no reciben sueldo durante más de tres meses. Mientras tanto, las familias lloran a los niños perdidos por delitos cuyos autores caminan libremente por la playa.
Estas experiencias están vinculadas a la mala gestión de los fondos públicos, con el dinero desapareciendo en los procesos burocráticos en Bogotá, siendo desviado dentro de la oficina del gobernador, no llegando a los hospitales y siendo distribuido bajo la mesa en los tribunales. Los investigadores dicen que estas manipulaciones financieras distraen a las autoridades judiciales y permiten que los intereses privados dicten las decisiones. La corrupción parece profundamente arraigada en la historia política de la región.
Ronald Housni, quien se desempeñó como gobernador de 2016 a 2018, fue condenado por orquestar una red criminal que dirigió contratos multimillonarios de pesos a cambio de comisiones de hasta el 10 por ciento. Su predecesor, Aury Socorro Guerrero, que gobernó de 2012 a 2015, cayó en acusaciones similares. Antonio Manuel Stephens, que ocupó el cargo de 1995 a 1997, fue acusado de negligencia en el manejo de fondos públicos y interés indebido en la firma de contratos. Según fuentes cercanas a las investigaciones, estos patrones persisten hoy en día.
Un funcionario de alto rango afirmó que existe una red que recolecta hasta 25 millones de pesos anuales en sobornos para emitir tarjetas de residencia a residentes no nativos. Esta afirmación ha sido corroborada por investigadores de la unidad anticorrupción de la policía, aunque el caso sigue bajo investigación. Además de la corrupción, la isla enfrenta graves preocupaciones de seguridad. Recientemente, cuatro extranjeros fueron capturados en posesión de armas de fuego, incluidos rifles, pistolas, un revólver y municiones cerca de la cercana Isla Serrana. Las autoridades están examinando si estas armas eran parte de un comercio ilegal de armas o estaban conectadas con una actividad criminal más amplia.
Tales incidentes plantean más preguntas sobre la seguridad de la zona y la efectividad de la aplicación de la ley para hacer frente a las amenazas internas y externas. Las comunidades locales continúan sufriendo las consecuencias de la negligencia y el abuso de poder. La escasez de agua obliga a los residentes a pasar horas buscando suministros, mientras que los profesionales médicos luchan por recibir los salarios que se les deben. Las instituciones públicas parecen paralizadas, incapaces de prestar servicios esenciales debido a una combinación de mala gestión y corrupción sistémica. Para muchos, la situación parece desesperanzadora, ya que los esfuerzos por responsabilizar a los funcionarios parecen inútiles.
Las autoridades aún no han proporcionado soluciones claras o reformas para abordar estos problemas profundamente arraigados. Si bien algunos casos de corrupción han llevado a condenas, la cultura general de impunidad persiste. Las investigaciones siguen en curso, pero el progreso es lento. A medida que la isla continúa atrayendo visitantes internacionales, la disparidad entre su imagen turística y la experiencia vivida de sus residentes es cada vez más pronunciada.
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