La decisión fue tomada por el juez Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien asumió la responsabilidad del caso después de varios años de jueces interinos manejándolo. Los videos, publicados previamente por La Nación, fueron desafiados por el equipo de defensa de Insaurralde, que buscó que se excluyeran como evidencia debido a preocupaciones sobre su autenticidad y metadatos.
El juez rechazó los argumentos de la defensa para anular los videos, afirmando que la ausencia de sistemas de archivos originales o fechas precisas de creación no constituyen motivos para invalidar la evidencia. Según fuentes judiciales, la defensa había argumentado que la falta de metadatos, debido a que los videos se enviaban a través de un servicio de mensajería, socavaba su confiabilidad. En su decisión escrita, el juez Rodríguez Ponte enfatizó que las irregularidades procesales deben afectar directamente las garantías constitucionales o obstaculizar el derecho a una defensa justa para justificar la exclusión.
El juez concluyó que la moción de la defensa para la anulación no se concedería, ni el posterior apoyo de Cirio y otro acusado, Sofía Clérici, equipos legales. Los videos muestran a Cirio caminando por diferentes áreas del vestuario, revelando bolsas, cajones, estantes y una maleta llena de montones de efectivo. Los investigadores estiman que la cantidad visible en el metraje podría acercarse a $ 10 millones, que ahora se considerarán activos inexplicables en el caso.
Esta cifra se suma a las discrepancias existentes en los registros financieros de Insaurralde, donde los ingresos declarados durante el período correspondiente fueron significativamente menores que los gastos registrados. La policía federal confirmó que uno de los videos fue filmado en el pasillo fuera del camerino de la casa de Insaurralde en San Vicente. El metraje era parte de un conjunto más amplio de siete videos que habían sido examinados después de un análisis forense realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo a la Investigación Tecnológica (DATIP). El análisis indicó que rastrear el origen de los archivos no era factible, lo que llevó a la defensa a cuestionar su admisibilidad.
Sin embargo, los fiscales apoyaron la inclusión de los videos, alineándose con los argumentos presentados por el fiscal Sergio Mola. La defensa había planteado dudas sobre la integridad de la evidencia, particularmente con respecto a los metadatos faltantes. A pesar de estas preocupaciones, el juez dictaminó que los videos siguen siendo válidos como parte del caso. El caso ganó atención nacional cuando Clérici, compañera de viaje de Insaurralde, publicó fotos en línea de ambas personas a bordo del yate El Bandido. Su publicación incluyó críticas a dos jueces, Ernesto Kreplak y Luis A, que anteriormente habían dictaminado a favor de Insaurralde.
La publicación condujo a un escrutinio generalizado y finalmente llevó a los fiscales a apelar el despido anterior de Clérici del caso. Con la validación de los videos, los investigadores ahora pueden proceder a evaluar el valor potencial del efectivo exhibido, lo que podría fundamentar aún más las afirmaciones de acumulación ilícita de riqueza. Los expertos financieros ya habían identificado inconsistencias en las cuentas de Insaurralde, destacando una disparidad entre las ganancias reportadas y los gastos documentados. La decisión del juez asegura que esta evidencia visual desempeñará un papel en la determinación de si los fondos representados en los videos están vinculados a actividades ilegales.
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