Las Naciones Unidas han pedido negociaciones inmediatas para poner fin al conflicto en curso en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, donde una violenta insurgencia vinculada al grupo Estado Islámico ha causado una devastación generalizada. Según un informe del Relator Especial de la ONU Ben Saul, la campaña militar contra los militantes aún no ha logrado un avance decisivo, con la situación volátil y el aumento de la cifra de civiles. El informe, basado en una visita a Mozambique del 4 al 14 de agosto, destaca la necesidad urgente de esfuerzos diplomáticos para abordar la crisis antes de que se produzca más derramamiento de sangre.
El conflicto en Cabo Delgado comenzó en 2017 y se ha intensificado en los últimos años, con ataques contra civiles y personal de seguridad cada vez más frecuentes y mortales. Los grupos insurgentes, que se cree que están afiliados al Estado Islámico, han llevado a cabo numerosas atrocidades, incluidas decapitaciones y otros actos brutales, lo que ha llevado al desplazamiento de cientos de miles de personas. El informe señala que el número de víctimas ha aumentado significativamente, con 6.632 vidas perdidas desde 2017, incluidos 2.772 civiles. 7 millones necesitan ayuda humanitaria, lo que subraya el inmenso costo humano del conflicto.
Cabo Delgado es también el hogar de vastas reservas de gas natural, que han atraído el interés de las principales compañías internacionales de energía como TotalEnergies, ENI y ExxonMobil. Estos recursos se han convertido en un punto focal para la actividad económica, pero también han convertido a la región en un objetivo para los grupos militantes que buscan explotar la inestabilidad. En respuesta, Ruanda ha enviado tropas para ayudar al ejército nacional de Mozambique en la lucha contra la insurgencia, como parte de un esfuerzo regional más amplio apoyado por la Unión Europea. Sin embargo, el informe de la ONU sugiere que la estrategia actual, descrita como "defensa ofensiva", ha limitado la efectividad, permitiendo a los insurgentes reagruparse y continuar sus operaciones.
A pesar de estos desafíos, el gobierno de Mozambique y sus aliados siguen comprometidos con la estabilización de la región. El despliegue de fuerzas ruandesas desde 2021 ha desempeñado un papel clave en el fortalecimiento de la seguridad local, aunque el informe advierte que el enfoque debe evolucionar para evitar que los insurgentes ganen fuerza. Los expertos de la ONU enfatizan que si bien las medidas actuales han reducido las confrontaciones directas, no abordan las causas profundas del conflicto, como la pobreza, la falta de gobierno y la marginación de las comunidades locales. El impacto humanitario de la guerra ha sido severo, con muchas familias separadas y aldeas enteras abandonadas debido a repetidos ataques.
Los centros de desplazamiento, como el de Beira, se han convertido en refugios temporales para los sobrevivientes, a menudo carentes de necesidades básicas. El informe cita datos de Acled, una organización que rastrea incidentes relacionados con el conflicto, para ilustrar la escala de la crisis. La pérdida de tierras, medios de vida e infraestructura ha dejado a muchas comunidades en ruinas, con consecuencias a largo plazo para la recuperación y el desarrollo. A medida que la situación continúa deteriorándose, el llamado a las negociaciones refleja un creciente reconocimiento de que la fuerza militar por sí sola no resolverá el conflicto.
Aunque los términos exactos de las posibles conversaciones siguen sin estar claros, la urgencia de la situación exige una acción rápida para proteger la vida de los civiles y restablecer la estabilidad en la región.
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