Diez años sin Diana Quer: el feminicidio que sacudió las estadísticas y la prisión permanente revisable

Han pasado diez años desde que Diana Quer fue agredida sexualmente y asesinada durante las primeras horas del 22 de agosto en A Pobra do Caramiñal, cerca de A Coruña. El caso marcó un punto de inflexión en el discurso público sobre la violencia contra las mujeres, la cobertura mediática, el tratamiento judicial y las necesidades específicas de las víctimas que anteriormente habían sido tratadas más como temas de breve comentario que como individuos con necesidades legales y sociales urgentes. Una década después, el progreso se ha hecho evidente, pero muchas de las discusiones iniciadas en ese momento siguen sin resolverse.

La introducción de la prisión permanente revisable, una forma de detención indefinida sujeta a revisión periódica, en el código penal de España entró en vigor un año antes del asesinato. Esta reforma fue promulgada únicamente por el Partido Popular (PP), a pesar de la oposición de los partidos progresistas que la vieron como una sentencia de cadena perpetua disfrazada. Los grupos de oposición organizaron un desafío constitucional, que se convirtió en una de las principales demandas de la izquierda. La búsqueda de Diana Quer continuó durante casi 16 meses, durante los cuales se intensificaron los debates políticos sobre la ley.

Durante este período, la actividad política en torno a la cuestión se mantuvo activa. En febrero de 2014, se presentó en la cámara baja del parlamento un proyecto de ley destinado a derogar la prisión permanente revisable. Para diciembre de ese año, José Enrique Abuín confesó el crimen y reveló la ubicación del cuerpo. El padre de la víctima, Juan Carlos Quer, lanzó una exitosa petición que se oponía a la derogación, enmarcando el castigo como justo y justificado. El PP bajo Mariano Rajoy se alineó con esta postura, utilizando el caso para resistir cualquier concesión legislativa.

El debate sobre la ley parecía perder impulso, con propuestas de derogación y expansión que permanecían en el limbo. En ese momento, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a detener cualquier acción política hasta que el Tribunal Constitucional emitiera su decisión. En diciembre de 2019, el Tribunal Provincial de A Coruña sentenció a Abuín a prisión permanente revisable por detención ilegal, agresión sexual y asesinato. La Corte Suprema confirmó el fallo al año siguiente.

En octubre de 2023, el PP reintrodujo una legislación para ampliar el alcance de la ley. La propuesta fue rechazada en marzo de ese año por un estrecho margen: 172 votos a favor y 174 en contra. El asesinato de Diana Quer no se registró en las estadísticas oficiales porque no tenía una relación cercana con su atacante. Su caso se convirtió en emblemático de cómo tales crímenes a menudo pasan desapercibidos o se clasifican erróneamente. Su nombre entró en la historia, pero su historia permaneció oscurecida dentro de los registros burocráticos, al igual que otros casos similares. Su muerte destacó los fracasos sistémicos en la lucha contra la violencia de género y la falta de un seguimiento exhaustivo de los datos.

A pesar del paso del tiempo, el legado de su asesinato continúa influyendo en las conversaciones en curso sobre justicia, rendición de cuentas y protección de las mujeres.