De Almaraz a Ascó y Vandellós: se reabre el melón de alargar la vida a las nucleares catalanas

Hace cincuenta años, el 23 de agosto de 1976, el gobierno de España autorizó la construcción de una central nuclear en Regodola, cerca de Xove, Galicia. La decisión fue tomada por la Dirección General de Energía bajo la dictadura de Franco, autorizando el proyecto liderado por un consorcio de empresas que incluía a FENOSA, Eléctrica del Cantábrico y Eléctrica de Viesgo. La instalación propuesta habría tenido una capacidad de 1,000 megavatios y habría utilizado un reactor de agua ligera.

La autorización se produjo nueve meses después de que la solicitud inicial se hiciera pública en diciembre de 1973, después de un período de creciente interés en la energía nuclear como parte del impulso más amplio de España hacia la modernización durante finales de la década de 1960 y principios de la década de 1970. En ese momento, España ya estaba construyendo su primera generación de plantas nucleares, como Zorita, Garoña y Vandellós I, que eran componentes clave de la estrategia energética del país.

Sin embargo, este ambicioso objetivo finalmente no se cumplió, con solo diez reactores finalmente en línea, siete de los cuales permanecen en operación hoy. El proyecto en Xove estaba destinado a ser uno de estos, pero nunca se construyó debido a la oposición sostenida de las comunidades locales y las preocupaciones ambientales. La oposición comenzó a crecer gradualmente a mediados de la década de 1970, impulsada por la creciente conciencia de los riesgos asociados con la tecnología nuclear. Inicialmente, la resistencia fue limitada, en parte porque España todavía estaba bajo un gobierno autoritario, y el activismo político estaba fuertemente restringido.

El acceso a la información también estaba controlado, lo que dificultaba a los ciudadanos comprender plenamente las implicaciones del proyecto. Sin embargo, la situación cambió a medida que surgieron movimientos de base, particularmente a través de grupos culturales como Sementeira, fundado en Viveiro en 1972, y el Club Cultural Valle Inclán en Lugo. Estas organizaciones desempeñaron un papel crucial en la sensibilización pública sobre los peligros de la energía nuclear. Además de los esfuerzos de la comunidad, expertos como el ingeniero Pedro Costa Morata contribuyeron al discurso, participando en discusiones en universidades como la Universidad de Santiago de Compostela.

A medida que surgieron más detalles sobre el proyecto, surgieron temores sobre el impacto potencial del uso de agua de mar para enfriar, lo que podría dañar la vida marina y la pesca local. Esta preocupación ayudó a galvanizar a los residentes locales a la acción, lo que llevó a desafíos legales contra el proyecto. Aunque el desafío inicial fue rechazado, el movimiento ganó impulso, culminando en la eventual cancelación del proyecto. A principios de la década de 1980, el sentimiento antinuclear se había vuelto lo suficientemente poderoso como para influir en la política nacional.

Esta decisión marcó un punto de inflexión en la política energética de España, cambiando el enfoque de la expansión nuclear hacia otras formas de producción de energía. El legado de las protestas de Xove continúa dando forma a los debates contemporáneos sobre la energía nuclear, especialmente porque las discusiones actuales giran en torno a la prolongación de la vida útil de los reactores existentes. Hoy en día, la cuestión de la energía nuclear sigue siendo controvertida, especialmente en Cataluña, donde operan tres reactores, Almaraz, Ascó y Vandellós.

Los defensores argumentan que extender su vida operativa es esencial para mantener la estabilidad económica y reducir las emisiones de carbono, mientras que los opositores enfatizan la necesidad de una transición a fuentes de energía renovables. El debate refleja tensiones más amplias entre diferentes modelos de producción de energía y los intereses socioeconómicos a los que sirven.