El artículo analiza el anuncio de los Estados Unidos de una campaña destinada a desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), incluida la imposición de sanciones más duras a sus funcionarios y jueces, e instar a los países aliados a retirarse del tratado que establece la corte. La Unión Europea respondió condenando estas amenazas como inaceptables. Mientras tanto, Chile se ha mantenido en silencio sobre el tema a pesar de ser un partidario tradicional de la CPI. Tanto las administraciones Boric como Piñera han confiado previamente en la CPI para investigaciones sobre situaciones en Afganistán y Venezuela, respectivamente. El autor expresa su preocupación de que el apoyo de Chile a la CPI durante este período de vulnerabilidad podría no ser tan fuerte o oportuno como se esperaba.
Lectura del sesgo (Progresista): El artículo enmarca las acciones estadounidenses contra la CPI como negativas y critica el silencio de Chile sobre el asunto, lo que implica que Chile debería adoptar una postura más firme en apoyo de la justicia internacional.




