El desastre, que ocurrió cerca de San José del Palmar en el departamento de Chocó, se ha cobrado al menos 273 vidas y ha dejado más de 3.800 heridos. Más de 2.000 edificios, incluidas escuelas, hospitales y hogares, se han derrumbado o han sufrido daños graves. El número de víctimas sigue aumentando a medida que los equipos de búsqueda trabajan incansablemente durante la noche, aunque el tiempo se está agotando. La ventana crítica para encontrar sobrevivientes, la llamada "hora dorada", ha pasado, y la ventana de 72 horas para las operaciones de rescate termina el jueves por la mañana.
En Pereira, una de las ciudades más afectadas, las calles están llenas de escombros y la electricidad se ha cortado para casi todos los residentes. La ciudad, conocida como el corazón de la región del café, se ha convertido en una especie de ciudad fantasma, con muchos residentes aún atrapados bajo los escombros. Los voluntarios, incluidas las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos, se mueven a través de los escombros, impulsados por la esperanza y la desesperación.
En Cali, la segunda ciudad más afectada, las autoridades han declarado un toque de queda para controlar el caos y garantizar la seguridad durante las operaciones de rescate en curso. El depósito de cadáveres de la ciudad se ha visto abrumado, obligando a los cuerpos a ser transportados a Palmira, una ciudad a 30 kilómetros de distancia. Las familias esperan ansiosamente fuera de los refugios improvisados, esperando noticias de sus seres queridos. Algunos recurren a los servicios de apoyo psicológico establecidos por organizaciones de ayuda, mientras que otros se reúnen en oración.
Mientras tanto, el gobierno liderado por el presidente Abelardo de la Espriella ha sido criticado por su manejo de la ayuda internacional. Aunque ha aceptado donaciones de países como los Emiratos Árabes Unidos, los críticos argumentan que la administración ha mostrado favoritismo hacia naciones alineadas con ciertas ideologías políticas, excluyendo a algunos donantes potenciales. El país también está lidiando con un número creciente de personas desplazadas. Más de 35,000 hogares han sido dañados o destruidos, y miles de familias no pueden regresar a sus hogares. Muchos viven en campamentos temporales o refugios improvisados, a menudo con poco acceso a agua limpia o alimentos.
La situación se ve agravada por la falta de electricidad e infraestructura de comunicación, lo que hace que la coordinación de los esfuerzos de socorro sea extremadamente difícil. Las agencias de ayuda internacional, incluida la Cruz Roja y las agencias de la ONU, han desplegado recursos para ayudar en la respuesta, proporcionando suministros de emergencia como alimentos, agua y refugio.
En algunas regiones, se aconseja a las personas que eviten entrar en los edificios dañados y que se queden adentro hasta que los funcionarios los declaren seguros. Los equipos de rescate continúan trabajando las 24 horas, utilizando maquinaria pesada y métodos manuales para limpiar los escombros. A pesar de estos esfuerzos, las perspectivas siguen siendo sombrías. Los informes indican que es probable que se encuentre con vida a menos del 10% de las personas que aún están desaparecidas, según experiencias pasadas y condiciones actuales. El costo emocional tanto para los rescatistas como para las víctimas es inmenso, y muchos expresan sentimientos de impotencia y pérdida. Además de la destrucción física, el terremoto ha expuesto las vulnerabilidades en la preparación de Colombia para desastres a gran escala.
Los expertos advierten que el país se encuentra a lo largo del Anillo de Fuego del Pacífico, lo que lo hace propenso a la actividad sísmica frecuente. El reciente terremoto, que se originó en lo profundo de la corteza terrestre, duró más que los terremotos típicos, exacerbando su impacto. La profundidad y duración de la sacudida causó fallas estructurales generalizadas, particularmente en edificios más antiguos y estructuras mal construidas. Esto ha generado preocupaciones sobre los códigos de construcción y la planificación urbana, especialmente en áreas densamente pobladas como Cali y Pereira. La tragedia también ha provocado una ola de solidaridad entre los ciudadanos.
Los vecinos se han unido para ayudarse mutuamente, formando cadenas humanas para llegar a los individuos atrapados y ofreciendo los recursos que puedan. Los medios locales y las plataformas sociales han desempeñado un papel crucial en la difusión de información y la coordinación de los esfuerzos. Los voluntarios, incluidos profesionales médicos e ingenieros, se han unido a los equipos oficiales de rescate, lo que demuestra un notable nivel de compromiso de la comunidad. Sin embargo, la magnitud del desastre significa que incluso con estos esfuerzos colectivos, el camino hacia la recuperación será largo y lleno de desafíos. A medida que pasan los días, el enfoque cambia de la supervivencia inmediata a la reconstrucción a largo plazo.
Los funcionarios se han comprometido a proporcionar ayuda financiera y apoyo para la reconstrucción, pero la presión económica sobre la nación ya es evidente. Con el país en estado de emergencia nacional, el gobierno enfrenta una creciente presión para ofrecer soluciones efectivas y mantener la confianza pública. Por ahora, la prioridad sigue siendo la búsqueda de sobrevivientes y la provisión de necesidades básicas, ya que el pueblo de Colombia soporta las secuelas de uno de los peores terremotos en décadas.
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