Colombia no ha cumplido con su plazo para identificar los subsidios que dañan la biodiversidad, según un análisis reciente del medio de comunicación británico Carbon Brief. El informe destaca que 175 países, incluido Colombia, no cumplieron con el Objetivo 18 del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal, adoptado por 196 naciones en 2022.
De los 196 países que ratificaron el marco, solo 134 presentaron sus informes nacionales al Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. De estos, solo 21 (aproximadamente el 16%) cumplieron plenamente los requisitos del Objetivo 18. Once países adicionales, junto con la Unión Europea, compartieron algunos datos sobre sectores específicos. Sesenta y seis países mencionaron que habían iniciado el proceso, mientras que 68, incluida Colombia, no mencionaron el progreso. Otros 62 países no presentaron ningún informe nacional. Entre los resultados, el análisis reveló que los 32 países que identificaron algunos o todos sus subsidios gastaron aproximadamente 270.000 millones de dólares anuales.
Los principales beneficiarios fueron los combustibles fósiles, que representaron casi la mitad de esta cantidad, seguidos por la agricultura, la silvicultura, la minería y la pesca. Estas cifras subrayan la escala de apoyo financiero dirigido a actividades que amenazan la salud ecológica. Eva Zabey, Directora Ejecutiva de Business for Nature, describió los datos como una advertencia de que los esfuerzos globales se están quedando atrás.
Una limitación clave destacada en el informe es la falta de distinciones claras entre las subvenciones perjudiciales para la biodiversidad frente a las perjudiciales para el medio ambiente en términos más generales. Esta ambigüedad afecta a la forma en que se clasifican y miden las subvenciones. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) considera la biodiversidad como una subcategoría de cuestiones ambientales, excluyendo el cambio climático y la calidad del aire. Bajo tales definiciones, no se incluirían las subvenciones relacionadas con el clima, como las que apoyan a las industrias de combustibles fósiles. Esta omisión es problemática porque el cambio climático es uno de los principales impulsores de la pérdida de biodiversidad.
Además, no existe un método uniforme para evaluar el valor de estos subsidios. Un estudio realizado por la Universidad Nacional de Australia encontró que los subsidios perjudiciales para la biodiversidad en Australia alcanzaron los 263 mil millones de dólares entre 2022 y 2023. Sin embargo, el propio informe de Australia citó una cifra mucho menor de 155 millones de dólares. Esta discrepancia subraya la necesidad de evaluaciones independientes utilizando procesos estandarizados. 6 billones. En contraste, las cifras de los informes presentados solo representan 27 mil millones de dólares, un número muy por debajo del objetivo de reducir los subsidios perjudiciales en 500 mil millones de dólares anuales. Los subsidios pueden tener efectos directos e indirectos.
Los impactos directos incluyen fondos asignados a proyectos conocidos por dañar el medio ambiente, como las nuevas centrales eléctricas de gas. Los efectos indirectos pueden incluir exenciones fiscales que fomentan ciertos comportamientos, incluso si no son inmediatamente visibles. No todos los subsidios son puramente negativos. La OCDE señaló en su documento de trabajo sobre el medio ambiente No. 206 que muchos subsidios pueden beneficiar y dañar simultáneamente la biodiversidad. Por ejemplo, la construcción de una presa hidroeléctrica puede afectar negativamente a los ecosistemas locales pero reducir la dependencia de otras fuentes de energía.
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