El terremoto de magnitud 4 que azotó el país a principios de esta semana. Hasta el jueves, más de 281 personas habían perdido la vida, con más de 3,900 heridos, según cifras oficiales. Al menos 379 personas siguen desaparecidas, ya que las operaciones de rescate cambian de misiones activas de búsqueda y rescate a la limpieza de escombros. El enfoque de la operación se ha movido hacia la estabilización de las regiones afectadas y la prestación de ayuda a los residentes desplazados, lo que marca una transición de la respuesta de emergencia inmediata a la planificación de recuperación a largo plazo.
Los edificios de apartamentos se derrumbaron, las casas y la infraestructura fueron dañadas, y miles de residentes huyeron de sus residencias. El temblor, uno de los más fuertes en el país en las últimas décadas, provocó pánico y caos, con muchas personas obligadas a buscar refugio al aire libre. En Cali, los equipos de rescate comenzaron a priorizar la eliminación de escombros, lo que indica que la ventana crítica de 72 horas para localizar a los sobrevivientes ha pasado en gran medida. David Tamayo, jefe de la Unidad Nacional de Colombia para la Gestión del Riesgo de Desastres, reconoció la triste realidad de la situación durante una declaración el jueves por la noche.
"Nuestra misión es seguir buscando y encontrar a todas las personas que se informan como desaparecidas", dijo. Este sentimiento se hizo eco entre los voluntarios y rescatistas locales, que trabajaron incansablemente en condiciones desafiantes, a menudo con recursos y apoyo mínimos. Entre las víctimas estaba Enrique Marin, cuya madre quedó atrapada bajo los escombros de su casa en Pereira.
Marin, quien viajó más de 10 horas desde Bogotá al recibir la noticia de la condición de su madre, describió cómo fue rescatada con signos vitales, pero más tarde sucumbió a sus lesiones en el camino al hospital. Relató la devastación emocional de perder a su madre, señalando que fue encontrada con pijama y con las llaves de la casa en la mano, un símbolo conmovedor de la tragedia que se desarrolló. En Cali, los esfuerzos de rescate estuvieron marcados por la urgencia y la precaución. Los voluntarios operaron en brigadas de cubos, transportando suministros y equipos a través de los escombros, mientras que los coordinadores usaron megafonos para mantener el orden y garantizar que se siguieran los protocolos de seguridad.
Algunas áreas vieron a los rescatistas extraer cuidadosamente materiales peligrosos como tanques de gas, subrayando el delicado equilibrio entre salvar vidas y prevenir un mayor peligro. Mientras tanto, las empresas locales, incluidos los restaurantes, se intensificaron para proporcionar comidas esenciales para los rescatistas y voluntarios, con Mónica Mina, propietaria de un restaurante, liderando los esfuerzos para distribuir aproximadamente 1,000 comidas diarias. Más al norte, en el cementerio de Roldanillo, las autoridades confirmaron el descubrimiento de restos humanos que se cree que están relacionados con el terremoto.
En otra parte, en la ciudad portuaria de Buenaventura, los residentes se enfrentaron a desafíos adicionales a medida que los equipos de rescate luchaban por llegar a áreas remotas. Los informes locales indicaron que algunos vecindarios seguían siendo inaccesibles debido a la presencia de grupos armados, que según los informes interceptaron donaciones de alimentos y reclamaron autoridad sobre la distribución. A medida que continúa la búsqueda de sobrevivientes, el riesgo que representan las frecuentes réplicas, más de 150 registradas desde el lunes, sigue siendo una preocupación tanto para los rescatistas como para los residentes desplazados. El gobierno estima que más de 10,500 hogares han sido destruidos, lo que destaca la escala de la crisis.
El presidente Abelardo De La Espriella, que asumió el cargo pocos días antes del desastre, se enfrenta a una creciente presión para coordinar un esfuerzo de socorro integral y abordar las crecientes necesidades humanitarias de la población afectada.
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