Según una investigación de Reportea, 15 millones provenían de Inmobiliaria Argenta y 12 millones de Inmobiliaria Alta Vista Pucón. Estas transferencias ocurrieron mientras Vivanco formaba parte de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que manejaba casos relacionados con estas firmas. Si bien el momento de los pagos coincide con el procesamiento de estos casos, no demuestran por sí solos una consideración ilegal. La controversia también ha surgido por la declaración de Migueles a la fiscalía, que sus reclamos de defensa se filtraron prematuramente antes de que pudieran revisarlo, lo que potencialmente viola las leyes de secreto procesal.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta tanto las acusaciones contra Vivanco y Migueles, como las defensas planteadas por sus representantes legales, no exhibe un lenguaje abiertamente sesgado o una fuente selectiva, sino más bien informes sobre reclamos y argumentos legales contradictorios sin un respaldo claro de ninguno de los dos.





