El ministro de Justicia italiano, Carlo Nordio, ha enviado finalmente documentos a la Fiscalía de Roma solicitando una orden de arresto para el general libio Osama Najeem Almasri, según lo ordenado por la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción se produce más de un año y medio después de que la Corte emitiera la solicitud, y ahora que Almasri ya está de vuelta en Libia, donde recientemente fue condenado por cargos similares pero menos graves, la medida es en gran medida simbólica y es poco probable que tenga algún efecto práctico. El retraso se debe a una decisión del Tribunal Constitucional de Italia, que obligó a Nordio a cumplir con las demandas de la CPI, revocando la postura anterior del gobierno. Anteriormente, Nordio se había resistido a actuar debido a presuntas preocupaciones constitucionales, lo que llevó a un escrutinio legal y a una investigación estancada sobre una posible negligencia. Ahora, su cumplimiento pone de manifiesto una contradicción, ya que la justificación anterior del gobierno para la acción parece inválida.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta un relato fáctico de las acciones legales tardías tomadas por el gobierno italiano con respecto a la detención de un general libio bajo el derecho internacional.





