Las políticas de Canadá obligan a los solicitantes de asilo a entrar en Estados Unidos para enfrentar la deportación, dicen los críticos

Las organizaciones de refugiados y los profesionales legales en el Reino Unido han criticado fuertemente los cambios propuestos en el proceso de apelaciones de asilo por el Partido Conservador. El nuevo plan, esbozado por Chris Philp, el secretario de Interior en la sombra, implica eliminar la autoridad de los jueces para juzgar las apelaciones de los solicitantes de asilo contra las órdenes de deportación.

Según el discurso de Philp, un futuro gobierno conservador abandonaría la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH) y desmantelaría el sistema judicial existente utilizado por los solicitantes de asilo para impugnar su expulsión.

Estas propuestas han suscitado fuertes críticas de varias partes interesadas. Sile Reynolds, jefe de defensa de asilo de Freedom from Torture, expresó su profunda preocupación, afirmando que las ideas de Philp representan un "ataque al concepto de justicia e igualdad ante la ley".

Imran Hussain, director de asuntos exteriores del Consejo de Refugiados, señaló que los cambios propuestos socavarían las salvaguardias democráticas. Advirtió que ningún gobierno británico debería ser capaz de autorregular sus acciones sin escrutinio. Del mismo modo, Mark Evans, presidente de la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales, enfatizó que la abolición de los tribunales de inmigración borraría toda supervisión independiente, que es vital para garantizar la equidad en el sistema de justicia.

La Asociación de Prácticos de Derecho de Inmigración (ILPA) acusó a Philp de cultivar un ambiente hostil hacia los abogados y el poder judicial.

Durante un discurso en el thinktank derechista Policy Exchange, Philp criticó el sistema legal de inmigración actual, argumentando que otorga un poder excesivo a los jueces para decidir casos individuales y dar forma al sistema general a través de la jurisprudencia. Afirmó que algunos jueces colaboran con activistas de fronteras abiertas, utilizando ejemplos como un juez que permitió a una familia palestina residir en el Reino Unido a pesar de solicitar a través de un programa destinado a refugiados ucranianos.

Philp sugirió que bajo los planes Tory propuestos, la mayoría de las personas que ingresan al Reino Unido ilegalmente, como a través de barcos pequeños o escondidos en vehículos, no serían elegibles para presentar solicitudes de asilo. Sin embargo, se abstuvo de adoptar la postura más radical de Reform UK, que propone ignorar el principio que impide que las personas sean devueltas a países donde sus vidas o libertades podrían estar en peligro. En cambio, Philp indicó que si bien habría disposiciones para enviar solicitantes de asilo a terceros países seguros como Ruanda, la mayoría de los casos que involucran a inmigrantes indocumentados probablemente resultarían en la repatriación a sus países de origen.

Mientras tanto, en Canadá, están surgiendo problemas similares con respecto a los solicitantes de asilo. Los críticos argumentan que las políticas canadienses obligan a los solicitantes de asilo a enfrentar una posible deportación en los Estados Unidos. Por ejemplo, una pareja llamada Carlos y Antonia, junto con su joven hijo Alejandro, huyeron de Honduras debido a las amenazas de las pandillas. Su intento de buscar asilo en los Estados Unidos se complicó cuando llegaron a la frontera canadiense, donde se enfrentaron a un dilema: separarse de uno de los padres o arriesgarse a ser enviados de vuelta a los Estados Unidos, lo que podría conducir a la detención y la deportación.

La situación pone de relieve los desafíos planteados por el Acuerdo de Tercer País Seguro (STCA), que ordena que los solicitantes de asilo deben solicitar estatus en el primer país al que llegan. Si bien este acuerdo fue confirmado por la Corte Suprema de Canadá en 2023, los grupos de defensa continúan argumentando que Estados Unidos no califica como un tercer país seguro dado su trato a los solicitantes de asilo. A pesar de la existencia de "válvulas de seguridad" en el STCA, estos mecanismos a menudo se perciben como teóricos en lugar de prácticos, dejando a muchos solicitantes de asilo vulnerables a posibles daños al regresar.

A medida que continúan las discusiones sobre los procesos de asilo a nivel mundial, las implicaciones de estas políticas en las personas que buscan refugio siguen siendo profundas.La interacción entre los intereses de seguridad nacional y las obligaciones humanitarias continúa moldeando el discurso en torno a la reforma de la inmigración y los procedimientos de asilo en todo el mundo.