El gobierno italiano ha propuesto la creación de nuevos centros de retorno de migrantes en países africanos inspirados en el sistema albanés, con financiación de la Unión Europea, durante una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el 4 de agosto de 2026. La propuesta fue hecha por el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, quien la presentará junto con otras medidas destinadas a abordar la crisis en curso en Ceuta, España. El plan incluye una lista preliminar de posibles países anfitriones, incluidos Ruanda, Ghana, Senegal, Túnez, Libia, Mauritania, Egipto, Uganda, Uzbekistán, Armenia, Montenegro y Etiopía.
Esta iniciativa se produce en medio de tensiones crecientes por la afluencia de inmigrantes irregulares al enclave español, que ha provocado un aumento de los retornos a Marruecos y un aumento de las muertes en el mar. El impulso para estos nuevos centros sigue a un esfuerzo más amplio de Italia y varios otros estados miembros de la UE para fortalecer los controles fronterizos y mejorar la coordinación en la gestión de los flujos migratorios. El enfoque del gobierno italiano ha sido criticado por algunos socios europeos, en particular España, que considera que el restablecimiento temporal de los controles en las fronteras internas es una medida injustificada.
El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, acusó a Italia de actuar por ignorancia o interés político, argumentando que el área de Schengen se ha mantenido segura a pesar de la crisis. Enfatizó que España ya había tomado medidas para garantizar la seguridad de sus fronteras, señalando que ninguno de los migrantes que ingresan a Ceuta ha cruzado a la zona de Schengen. La propuesta de Italia de expandir el "modelo albanés" es parte de una estrategia más amplia para externalizar la gestión de la migración a través del apoyo financiero de la UE. El modelo albanés implica establecer instalaciones de detención fuera del territorio de la UE para facilitar la rápida repatriación de los migrantes indocumentados.
Estos centros, inicialmente planeados para Albania, se han enfrentado a retrasos y una eficacia limitada debido a desafíos legales y problemas operativos. El gobierno italiano pretende replicar este sistema en otros países africanos, utilizando fondos de la UE para construir estructuras similares. El objetivo es reducir la carga sobre los estados miembros de la UE al tiempo que garantiza el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre migración. Junto con la propuesta del centro, Italia ha solicitado una implementación más estricta del programa SPG +, un acuerdo comercial que vincula el acceso preferencial a los mercados de la UE con la cooperación en el retorno de ciudadanos que residen ilegalmente dentro del bloque.
El sistema SPG+, en vigor desde el 1 de enero de 2027, requiere que los países participantes demuestren una colaboración genuina en la repatriación de sus nacionales. Italia argumenta que este marco podría incentivar una cooperación más efectiva entre terceros países, reduciendo así los flujos de migración irregular a la UE. La propuesta ha provocado un debate dentro de la UE, con algunos miembros expresando preocupaciones sobre las implicaciones de la expansión de tales sistemas. Los críticos argumentan que el modelo albanés no ha demostrado ser exitoso en la prevención de patrones de migración a largo plazo y puede conducir a un aumento de las violaciones de los derechos humanos.
El gobierno italiano sostiene que los nuevos centros operarían bajo estricta supervisión de la UE y cumplirían con el derecho internacional, asegurando que los migrantes sean tratados humanamente durante todo el proceso. La situación en Ceuta continúa aumentando, con miles de migrantes que intentan cruzar al enclave desde Marruecos. A finales de julio, más de 73,000 personas han regresado a Marruecos, y la cifra de muertos en el mar ha superado los 72.
El Consejo Europeo de Madrid, celebrado en Bruselas el pasado mes de junio, ha decidido que la Unión Europea debe adoptar medidas para combatir la inmigración ilegal, en particular mediante la creación de un sistema de control de la inmigración que permita a los ciudadanos de la UE acceder a la información y a la información sobre la inmigración ilegal.
El Comisario de Asuntos Internos de la UE, Magnus Brunner, ha reconocido la complejidad de la situación, señalando que la integridad de las fronteras exteriores de la UE ha sido puesta a prueba pero permanece intacta. Ha pedido esfuerzos continuos para prevenir futuras tragedias y garantizar que se respeten los derechos de los migrantes durante todo el proceso de repatriación. A medida que la UE lucha con las consecuencias de la crisis de Ceuta, la expansión propuesta del modelo albanés refleja un cambio hacia políticas de migración más centralizadas y gestionadas externamente. Queda por ver si este enfoque tendrá éxito en equilibrar las consideraciones de seguridad, legalidad y humanitarias.
Por ahora, la atención se centra en la aplicación de medidas inmediatas para estabilizar la situación y evitar nuevas pérdidas de vidas.
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