En los últimos años, muchos municipios alemanes han introducido tarjetas de pago conocidas como "Bezahlkarten" para solicitantes de asilo y otros grupos marginados. Estas tarjetas funcionan de manera diferente a las cuentas bancarias tradicionales y están diseñadas para restringir la forma en que los destinatarios pueden acceder y usar sus fondos. Según Alexandra Keiner, investigadora del Instituto Weizenbaum especializada en pagos digitales, estas tarjetas representan un cambio significativo en la forma en que se distribuye el apoyo financiero a las poblaciones vulnerables.
La principal diferencia entre una Bezahlkarte y una Girokarte estándar radica en la falta de una cuenta personal. En su lugar, los usuarios reciben una tarjeta prepagada cargada de fondos, lo que limita su capacidad para administrar el dinero libremente. Cada municipio determina las restricciones específicas impuestas a estas tarjetas, y las empresas privadas como Publ°k, Secupay y PayCenter se encargan de la distribución y procesamiento de las transacciones. En 14 estados federales, los pagos pasan a través de la red Visa, mientras que dos usan Mastercard.
Este acuerdo ha atraído críticas, especialmente dado el lema histórico de Visa "La libertad que tomo", que contrasta fuertemente con su papel en la restricción de la autonomía financiera de ciertas personas.
Además, Visa se ha posicionado como un socio en la transformación digital de la administración pública, colaborando con empresas como Publ°k para promover pagos electrónicos y otras soluciones digitales para agencias gubernamentales y autoridades locales.
Una persona relató no poder usar su tarjeta fuera de una región designada sin antes visitar la oficina de inmigración para desbloquearla. Tales medidas permiten a las autoridades monitorear el cumplimiento de las restricciones espaciales, convirtiendo efectivamente la tarjeta en una herramienta para rastrear el movimiento y el comportamiento. Las transferencias generalmente son limitadas, aunque existen excepciones. Inicialmente, algunos ministros del Interior intentaron prohibir completamente las transferencias, pero esto resultó poco práctico en la vida diaria, donde las personas tenían que hacer pagos por cosas como boletos de tren o contratos de teléfonos móviles.
Como resultado, la mayoría de los estados ahora mantienen una "lista blanca" de destinatarios aprobados, permitiendo que ciertas entidades como Deutsche Bahn o proveedores de telefonía móvil reciban pagos. Sin embargo, este proceso sigue siendo engorroso para los usuarios que requieren asistencia legal urgente, ya que solicitar la inclusión de un abogado en la lista blanca depende de la aprobación burocrática, que puede demorarse. Los críticos argumentan que la implementación de Bezahlkarten varía significativamente entre las regiones, a menudo se vuelve más restrictiva en la práctica.
Si bien los detalles exactos de las implementaciones más represivas siguen sin estar claros debido a informes incompletos, la tendencia general sugiere una creciente dependencia de estas tarjetas como un medio para controlar el acceso financiero y la movilidad de las poblaciones vulnerables. El debate sobre si estas tarjetas sirven como herramientas para la integración o la exclusión continúa desarrollándose, destacando preocupaciones más profundas sobre la privacidad, la autonomía y el papel de las corporaciones privadas en los programas de bienestar público.
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