La violencia sigue dominando el panorama de seguridad en el departamento de Atlántico, con más de 700 muertes violentas registradas a finales de julio de 2026. Según un informe publicado por Arturo García, experto en seguridad y miembro del Sistema de Alerta Temprana Civil, el departamento ha alcanzado 713 muertes violentas este año, incluidos 105 homicidios solo en julio. Las cifras destacan un aumento persistente de la actividad criminal, particularmente en el área metropolitana de Barranquilla y los municipios circundantes. El informe indica que la tendencia mensual de homicidios no muestra signos de disminuir.
El mes de abril superó los 100, y mayo y junio continuaron el patrón, con lo que el número total de muertes violentas a 607 a mediados de año. Julio añadió otros 105 casos, empujando la cifra acumulada más allá de 700. de estos, 95 ocurrieron dentro del área metropolitana de Barranquilla, con los 10 restantes repartidos en otras ciudades del departamento. Dentro de la ciudad capital de Barranquilla, el vecindario sureste encabezó las estadísticas con 18 homicidios, seguido por el suroeste y las áreas metropolitanas, cada uno registrando 15 casos. Otras partes de la ciudad, como el norte, el centro histórico y los vecindarios de Riomar, reportaron dos asesinatos cada uno.
El informe también señala que la violencia se está extendiendo más allá de los puntos críticos tradicionales a nuevos municipios, lo que genera preocupación entre los analistas y las autoridades por igual. Entre las víctimas había cinco mujeres, lo que aumentó el recuento anual de homicidios relacionados con la violencia de género a 48.
El informe destaca la participación de sectores comerciales, incluidos mecánicos, motociclistas, panaderos, cobradores de deudas, guardias comunitarios, un oficial de policía retirado y un dueño de una empresa metalúrgica, muchos de los cuales fueron atacados por extorsión.
En un incidente separado, el departamento del Cauca se enfrentó a su propia ola de violencia, marcada por el asesinato de tres militares retirados que iban en bicicleta por una carretera rural que conectaba los municipios de Silvia y Totoró. Las víctimas, el coronel Libardo Osorio Sánchez, el mayor Harold Sánchez Vergara y el mayor Rodrigo Amórtegui, fueron asesinados a tiros por hombres armados en Miraflores, una zona rural cerca de Silvia.
El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, describió el asesinato como una herida profunda para la región, enfatizando la necesidad de atención nacional y acción para abordar la creciente inseguridad. El ataque ocurrió en medio de amenazas continuas contra negocios y viajeros a lo largo de rutas clave, incluida la autopista Panamericana, donde se han reportado incidentes similares. Estos incluyen el reciente asesinato de un entrenador de fitness cuyo vehículo fue volcado después de negarse a detenerse, lo que resultó en su muerte.
Los líderes empresariales y las partes interesadas regionales han criticado la falta de voluntad política de la actual administración federal para proporcionar soluciones a largo plazo para la región del Cauca, a pesar de sus contribuciones económicas al país. Expresaron su esperanza de que el gobierno entrante bajo Abelardo De la Espriella trajera un cambio significativo. Mientras tanto, la comunidad deportiva organizó una manifestación pacífica en Popayán el 1 de agosto para honrar la memoria de los ciclistas asesinados y exigir el fin de la violencia.
Las autoridades de los departamentos de Atlántico y Cauca han intensificado las patrullas en espacios públicos, sitios religiosos, playas y áreas turísticas para frenar la creciente ola de delincuencia. Sin embargo, los expertos advierten que a menos que haya una estrategia integral que aborde las causas profundas de la violencia, incluida la expansión de grupos ilegales y el ataque a civiles, la situación podría empeorar aún más.
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