El nuevo decreto que regula los dispositivos de velocidad automática entra en vigor el 12 de julio, marcando un cambio significativo en la regulación de los equipos de medición de velocidad en Italia. Aproximadamente 850 dispositivos existentes se enfrentan a un posible cierre a menos que cumplan con las normas técnicas actualizadas descritas en el decreto. La medida, publicada en el Boletín Oficial, tiene como objetivo agilizar el proceso de homologación y mejorar la confiabilidad de los sistemas de detección de velocidad utilizados por las fuerzas del orden.
Según las nuevas reglas, las unidades de autovelox actualmente activas, que suman alrededor de 3,150, se consideran conformes con las regulaciones anteriores. Sin embargo, los 850 dispositivos restantes deben someterse a un proceso de homologación formal, que requiere que los fabricantes presenten documentación adicional que se alinee con los nuevos criterios. El decreto, anunciado a principios de este mes por el ministro y viceprimer ministro Matteo Salvini, introduce parámetros técnicos estandarizados para verificar la precisión del dispositivo. Estos incluyen umbrales mínimos de rendimiento que garantizan un funcionamiento consistente y confiable en todas las unidades instaladas. Entre los cambios clave se encuentran requisitos estrictos para la precisión del dispositivo.
El sistema debe detectar vehículos con al menos un 90% de precisión, mientras que la asociación de la velocidad del vehículo con su identificación, captura de imágenes y reconocimiento de matrículas debe lograr una fiabilidad de al menos un 95%. Además, el margen de error durante los controles de calibración se ha establecido en no más de tres kilómetros por hora para velocidades de hasta 100 km / h, y una desviación del 3% más allá de ese umbral. Estas especificaciones tienen como objetivo reducir las discrepancias y aumentar la confianza en los datos recopilados por las unidades de velocidad automática. El nuevo reglamento aborda las preocupaciones de larga data planteadas tanto por los conductores como por las autoridades judiciales.
En los últimos años, numerosas demandas han desafiado la legalidad de las multas basadas en dispositivos que carecen de una clara certificación ministerial. Los tribunales han distinguido cada vez más entre la mera aprobación técnica y la homologación adecuada, lo que ha llevado a miles de casos impugnados. Al establecer puntos de referencia técnicos uniformes, el gobierno espera resolver estas ambigüedades legales y proporcionar pautas más claras para hacer cumplir las leyes de tráfico.
El presidente Domenico Musicco declaró que el decreto pone fin a un período de confusión regulatoria y asegura que las instalaciones de autovelox sirvan a su propósito en lugar de ser utilizadas únicamente para obtener ganancias financieras.
El período de transición permite que los dispositivos afectados cumplan con las nuevas normas o sean desmantelados. Si bien el impacto inmediato puede implicar desafíos administrativos, el objetivo a largo plazo es crear un marco más transparente y legalmente sólido para administrar el control de velocidad. Con estos cambios, el gobierno italiano busca equilibrar la eficiencia tecnológica con la confianza pública y la integridad legal.
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