La Arquidiócesis de San Francisco acordó pagar más de 345,7 millones de euros a las víctimas de abuso sexual histórico cometido por miembros del clero dentro de su jurisdicción. Este acuerdo marca un paso significativo en el tratamiento de acusaciones de larga data que anteriormente habían sido prohibidas por ley civil. El cambio en el panorama legal se produjo cuando California aprobó una legislación a principios de 2020, otorgando a los sobrevivientes una ventana de tres años - que se extiende hasta finales de 2022 - para presentarse y emprender acciones legales por incidentes pasados.
Según el arzobispo Salvatore Cordileone, este acuerdo allana el camino para una compensación justa para los sobrevivientes, que han llevado el peso de estos abusos a lo largo de sus vidas. En una declaración emitida por la arquidiócesis, expresó profundo remordimiento, afirmando que la Iglesia Católica asume toda la responsabilidad por el daño causado y ofrece sinceras disculpas a todas las personas afectadas.
Antes de que el acuerdo pueda ser oficial, primero debe ser aprobado por una votación entre las víctimas y luego validado por un juez. Para muchos sobrevivientes, este momento representa un cambio en la rendición de cuentas. Una víctima, Margie O'Driscoll, que fue agredida sexualmente hace casi 50 años en una escuela católica, describió cómo había soportado durante mucho tiempo la carga de la vergüenza y el dolor.
Jeff Anderson, uno de los abogados que representan a numerosas víctimas, dio la bienvenida al acuerdo como un gran avance. Más allá de la compensación financiera, el documento ordena a la arquidiócesis que implemente 14 medidas destinadas a proteger a los niños y proporcionar mecanismos de apoyo para futuras víctimas. Estos incluyen la contratación de un consultor independiente para revisar todos los registros internos y producir un informe sobre los abusos cometidos.
Este acuerdo refleja los desafíos globales más amplios que enfrenta la Iglesia Católica con respecto a los escándalos de abuso sexual que involucran a su clero. Diferentes países han respondido de manera variable a estos temas. Por ejemplo, en España, donde el Papa Francisco visitó a principios de este mes, la Iglesia continúa enfrentando críticas por su falta de transparencia con respecto a los casos de abuso.
La decisión de la Arquidiócesis de San Francisco de llegar a un acuerdo se produce en medio de una creciente presión sobre las instituciones religiosas de todo el mundo para que aborden abiertamente la mala conducta pasada. Los sobrevivientes han exigido cada vez más justicia, a menudo después de décadas de silencio y negación institucional. Las reformas legales en varias jurisdicciones han permitido que más víctimas busquen reparación, lo que ha llevado a las iglesias a negociar acuerdos en lugar de enfrentar litigios prolongados.
Además de las reparaciones financieras, el acuerdo incluye cambios estructurales destinados a prevenir futuros abusos. El requisito de que un consultor independiente acceda a todos los archivos señala un movimiento hacia una mayor transparencia. La publicación de una lista de perpetradores conocidos, incluso parcialmente, podría servir como un elemento disuasorio y una forma de reconocimiento de errores pasados. El establecimiento de una línea directa dedicada asegura que los informes futuros de abusos puedan abordarse rápidamente, lo que potencialmente puede prevenir más daños.
A medida que el acuerdo avanza hacia la aprobación formal, la atención se centra en garantizar que las voces de los sobrevivientes sean escuchadas y respetadas. El costo emocional para las víctimas ha sido inmenso, y para muchos, esta resolución trae una sensación de cierre. Sin embargo, las implicaciones más amplias se extienden más allá de casos individuales, influyendo en cómo las instituciones manejan asuntos similares en el futuro. La respuesta de la Iglesia Católica en San Francisco puede sentar un precedente para otras diócesis que luchan con controversias similares.
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