La Asociación de Gobiernos Locales de Sudáfrica (Salga) ha fracasado en su intento de bloquear el despliegue a nivel nacional de la Fase 2 de la Ley de Adjudicación Administrativa de Delitos de Tráfico Vial (Aarto). La asociación presentó una solicitud urgente ante el Tribunal Superior de Gauteng en Pretoria en busca de una prohibición contra la implementación de la segunda fase de la ley, que debía comenzar el 1 de julio. Sin embargo, el tribunal desestimó la solicitud, alegando que el asunto no era lo suficientemente urgente como para justificar una intervención inmediata.
Según el presidente del Grupo de Trabajo de Transporte Público y Carreteras de Salga, Sebang Mothabi, la organización sigue preocupada por el modelo de financiación que respalda la implementación de Aarto. Muchos de los 62 municipios incluidos en la Fase 2 ya enfrentan una presión financiera significativa, lo que les dificulta soportar los costos adicionales asociados con el nuevo sistema de demérito de tráfico.
Mothabi criticó al Departamento de Transporte por no ofrecer una consulta adecuada o soluciones viables para la implementación de Aarto. Señaló que Salga había declarado formalmente una disputa intergubernamental sobre el asunto, destacando la falta de compensación financiera para los gobiernos locales bajo el actual modelo de ingresos de Aarto. La asociación ha pedido una revisión exhaustiva de las regulaciones de Aarto, particularmente con respecto a los procesos de adquisición municipal y las obligaciones financieras.
La Autoridad de Infracciones de Tráfico Rodoviario (RTIA), responsable de supervisar la implementación de Aarto, confirmó que el despliegue de la Fase 2 está avanzando según lo previsto. Tanto la RTIA como la Oficina de Correos de Sudáfrica (Sapo), que son demandados en la solicitud legal de Salga, argumentaron en documentos judiciales que hubo un retraso por parte de Salga en el inicio de la solicitud.
Sus representantes legales afirmaron además que Salga carece de la autoridad para representar a los municipios afectados a menos que cada municipio proporcione una resolución formal que autorice a Salga a actuar en su nombre en los tribunales.
Según Monde Mkalipi, portavoz de la RTIA, la agencia permanece abierta a comprometerse con los municipios para resolver los problemas pendientes. El Departamento de Transporte ha establecido un grupo de trabajo dedicado para abordar estos desafíos, dirigido por la Ministra de Transporte Barbara Creecy. Durante su reciente discurso ante el Consejo Nacional de Provincias, Creecy destacó que el departamento había asignado R163 millones para la implementación nacional de Aarto en el año financiero en curso.
Mencionó que 16.000 funcionarios de tráfico ya habían recibido capacitación, y la mayoría de las provincias estaban preparadas para la implementación de la Fase 2, con más del 80% de las autoridades emisoras que habían recibido el equipo necesario.
A pesar de estos preparativos, persisten las preocupaciones sobre posibles conflictos entre el nuevo sistema de demérito y los marcos legislativos existentes, como la Ley de Gestión de Finanzas Municipales y los Reglamentos de Gestión de la Cadena de Suministro Municipal.
A medida que continúa la implementación de la Fase 2, el enfoque ahora cambia a cómo se resolverán los problemas restantes. Si bien el tribunal falló en contra de la solicitud urgente de Salga, persiste el debate más amplio sobre las implicaciones financieras de Aarto para los municipios. El resultado de los próximos procedimientos legales y la efectividad del proceso de disputa intergubernamental jugarán un papel crucial en la determinación del futuro del sistema Aarto en Sudáfrica.
2 informaciones
IOL (Independent Online)Afín a un partidoCentroVeracidad 90Objetividad 85hace 7 d Las preocupaciones sobre el modelo de financiación de AARTO llevan a Salga a impugnar la Fase 2 en los tribunalesLa Asociación de Gobiernos Locales de Sudáfrica (Salga) está desafiando la implementación de la Fase 2 de la Ley AARTO en la corte, argumentando que el modelo de financiamiento delineado en la Ley ejerce una presión financiera insostenible sobre los municipios. La ley, que tiene como objetivo mejorar la seguridad vial, requiere que los municipios soporten costos significativos sin una compensación o apoyo adecuados. Salga afirma que el Departamento de Transporte no ha proporcionado suficientes consultas o soluciones viables para abordar estas preocupaciones, a pesar de las discusiones en curso desde 2022. La asociación argumenta que la carga financiera podría comprometer la prestación de servicios esenciales y obligar a los gobiernos locales a subsidiar la implementación de AARTO. Salga planea resolver el problema a través de la Ley de Marco de Relaciones Intergubernamentales (IGRFA), pero busca una orden judicial para la Fase 2 hasta que se resuelva la disputa.
Lectura del sesgo (Centro): El artículo presenta las preocupaciones de Salga con respecto al impacto financiero de la Ley AARTO en los municipios y su desafío legal contra su implementación.
Por qué estas puntuaciones (Veracidad 90 · Objetividad 85): Factuality is high as the article provides detailed information on Salga's legal action, including dates, legal proceedings, and quotes from Salga. Objectivity is strong as it presents Salga's concerns alongside official responses without apparent bias.
Daily MaverickIndependienteCentroVeracidad 85Objetividad 75hace 5 d AARTO GO-AHEAD: Salga fails to stop roll-out of traffic demerit system in another 62 municipalitiesThe South African Local Government Association (Salga) attempted to halt the rollout of Phase 2 of the Administrative Adjudication of Road Traffic Offences Act (Aarto), arguing that many municipalities lack the financial capacity to implement the system. The interdict was dismissed due to insufficient urgency, though the merits of the case will be addressed later. Salga highlighted concerns about the funding model, claiming that the costs of implementing the system would exceed the revenue generated from fines. They also criticized the Department of Transport for inadequate consultation and failure to provide practical solutions. While the Western Cape has secured an exemption, other municipalities face implementation starting 1 July. The Ministry of Transport claims readiness, citing training of 16,000 officials and equipment distribution to over 80% of issuing authorities. However, local leaders continue to raise concerns about potential conflicts between Aarto and existing municipal laws, particularly regarding procurement autonomy and financial sustainability.
Lectura del sesgo (Centro): The article presents multiple perspectives without overtly favoring any particular political stance. It reports on the legal challenge by Salga against the implementation of Aarto, including their financial concerns and criticisms of the Department of Transport. It also includes responses from the M
Por qué estas puntuaciones (Veracidad 85 · Objetividad 75): Factuality is good with specific details on the failed interdict and financial concerns. Objectivity is lower due to more direct criticism of the Department of Transport and inclusion of quotes that suggest a more critical stance towards the government's handling of the issue.
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