Los estados de los Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno federal por los nuevos aranceles impuestos por el presidente Donald Trump. Los estados argumentan que los aranceles constituyen un intento de eludir un fallo de la Corte Suprema a principios de este año que invalidó ciertos aranceles de represalia. La acción legal fue anunciada en Washington, con informes citando a la cadena de televisión estadounidense ABC. Los aranceles recién introducidos se implementaron bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que otorga al presidente la autoridad para imponer aranceles y otras medidas comerciales contra países que participan en prácticas comerciales "desleales".
Entre los estados que se unen a la demanda se encuentran Nueva York, Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Kentucky, Massachusetts, Maryland, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y Wisconsin. Estos estados afirman que las tarifas son una carga injusta para los consumidores estadounidenses en lugar de para los gobiernos extranjeros, ya que el aumento de los costos recae en última instancia en los compradores nacionales. Los expertos legales han señalado que el argumento de los estados se alinea con los desafíos anteriores presentados por las pequeñas empresas.
En julio, varias pequeñas empresas ya habían presentado demandas impugnando la legalidad de los aranceles bajo la Sección 301. Esos casos argumentaron de manera similar que la administración no justificó adecuadamente sus reclamos contra países específicos y no aclaró cómo los aranceles abordarían las supuestas prácticas comerciales desleales.
La demanda sostiene que las acciones del gobierno federal violan los procedimientos legales establecidos y socavan la estabilidad económica. Destaca las preocupaciones sobre la transparencia y la falta de una justificación clara para apuntar a países específicos. Los estados enfatizan que los aranceles crean incertidumbre tanto para las empresas como para los consumidores, lo que podría perjudicar a las economías locales. A medida que se desarrolla la batalla legal, no está claro si los tribunales dictaminarán a favor de los estados o defenderán la posición de la administración. El resultado podría sentar un precedente para futuras disputas comerciales e influir en cómo el poder ejecutivo ejerce sus poderes bajo la ley comercial internacional.
Por ahora, la atención se centra en los argumentos legales presentados por ambas partes, con nuevos desarrollos previstos en las próximas semanas.
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