Abelardo će dekretom uspostaviti Blok odbrane za gradsku sigurnost

Abelardo de la Espriella, el presidente electo de Colombia, ha anunciado planes para crear un "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana" mediante un decreto que firmará el 7 de agosto, fecha en la que asumirá el cargo. Esta medida forma parte de un conjunto de 90 actos administrativos que el mandatario prometió firmar en sus primeros días en el poder, aprovechando el poder ejecutivo para impulsar sus propuestas. En un comunicado publicado en su cuenta de X, de la Espriella explicó que el propósito del decreto es implementar "medidas efectivas y acordes" para combatir delitos como la extorsión, los atracos y los homicidios en las principales ciudades del país.

El anuncio incluye una invitación formal a los alcaldes de cinco grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Según de la Espriella, estos líderes municipales serán clave en la creación de la "más grande operación de seguridad urbana en Colombia". Sin embargo, aún no se han especificado los detalles sobre la conformación del bloque ni las entidades que lo integrarían. A pesar de la falta de información detallada, el anuncio ha generado una respuesta positiva en algunos sectores políticos.

Alex Char, alcalde de Barranquilla, expresó su apoyo al plan, afirmando que "recibimos esta noticia con beneplácito y esperanza", y destacó la importancia del liderazgo del presidente para apoyar a quienes trabajan en la seguridad local. Char, quien pertenece a un clan político que apoya a de la Espriella desde la primera vuelta electoral, incluso había lanzado un mensaje previo en el que sugería la posibilidad de tener "un presidente amigo". Este apoyo refuerza la idea de que el nuevo gobierno busca construir alianzas fuertes con autoridades locales para implementar su agenda de seguridad.

La seguridad ciudadana ha sido una de las banderas centrales de la campaña de de la Espriella. Entre sus propuestas más destacadas se encuentra la creación de una "primera línea de seguridad" compuesta por veteranos y reservistas, con el objetivo de colaborar con la ciudadanía y la fuerza pública para combatir delitos cotidianos como el robo de bicicletas, celulares y bolsos. Además, el presidente electo propuso un "Bloque de Búsqueda contra la extorsión", que calificó como una "prioridad superior de seguridad ciudadana".

Sin embargo, no todo el sector gubernamental ha respondido con entusiasmo a estas ideas. Edwin Palma, ministro de Minas del gobierno saliente, criticó el anuncio, señalando que ya existen iniciativas similares en el pasado, como el programa "Convivir", que involucró cooperativas de vigilancia en los años 90. Palma advirtió que algunas de estas organizaciones terminaron vinculadas al paramilitarismo, y comparó el nuevo plan con las estructuras paramilitares del pasado. "Ya esto está inventado y se llamó 'Convivir' y el país sabe en qué desencadenó", afirmó, añadiendo que ahora el nuevo bloque podría recibir un nombre similar al de las estructuras paramilitares.

Esta crítica fue reforzada por el ministro de Educación, Daniel Rojas, quien también alertó sobre los riesgos asociados a la creación de grupos de seguridad privada o semiprivada, recordando la experiencia pasada donde tales iniciativas llevaron a situaciones extremas. "Esto se llama paramilitarismo y vivimos un holocausto la última vez que se alentó desde el Estado", comentó Rojas, señalando que existe un peligro grave si el gobierno fomenta nuevamente tipos de organización que pueden derivar en violencia.

A pesar de las críticas, el anuncio de de la Espriella ha sido acompañado por evidencias de la urgencia de la situación en ciertos lugares. Según informes de El Heraldo, en Barranquilla han circulado presuntos panfletos intimidatorios exigiendo el cierre inmediato de establecimientos comerciales. Un tendero citado por el periódico mencionó que, aunque ya conocían la situación, muchas tiendas decidieron no abrir por miedo a verse afectadas. En barrios como Porvenir, Hipódromo y Las Ferias, numerosos locales permanecieron cerrados durante la jornada, lo que refleja la preocupación real de los ciudadanos ante la amenaza de extorsión.

Este contexto de inseguridad parece haber influido directamente en la decisión de de la Espriella de presentar su plan de seguridad urbana. Mientras el nuevo gobierno busca consolidar su agenda, el debate sobre el equilibrio entre seguridad y derechos humanos continúa abierto, especialmente considerando las advertencias emitidas por funcionarios del gobierno anterior. La implementación del "Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana" podría marcar un punto crucial en la política de seguridad nacional, pero también plantea preguntas sobre cómo se evitará repetir errores del pasado.