Zapatero empezó a preparar su defensa tras la detención de su amigo 'Julito'

En el Senado, durante una sesión de la comisión de investigación sobre las irregularidades de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la secretaria del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, decidió mantener un completo silencio ante las preguntas formuladas por miembros del Partido Popular (PP). Esta decisión fue tomada bajo la recomendación de su defensa legal, con el objetivo de proteger su posición dentro de la investigación abierta en el caso Plus Ultra. Aunque Alcázar había anunciado al inicio de la comparecencia que no respondería a ninguna pregunta, su actitud generó un clima de tensión en la sala, especialmente tras la intervención de la senadora del PP, Rocío Dívar, quien sugirió que todas las acciones de Alcázar eran realizadas siguiendo instrucciones directas de Zapatero.

Las preguntas del PP centraron su atención en la posible colaboración entre Zapatero y Alcázar en la gestión de asuntos relacionados con la SEPI, incluyendo la emisión de facturas y la determinación de montos a cobrar. Dívar destacó cómo este proceso implicaba una "concertación previa" para dar apariencia documental a movimientos económicos, lo cual, según el juez Calama, revela una estructura organizada. Además, se abordó la cuestión de si Zapatero había diseñado estratégicamente la defensa de Alcázar, minimizando su propio papel en los hechos. La senadora insinuó que el ex presidente podría haber estado involucrado en prácticas ilegales, aunque no hubiera asumido públicamente dicha responsabilidad.

Durante la comparecencia, se mencionó la relación entre Zapatero y otros políticos, incluyendo al presidente actual Pedro Sánchez y a varios ministros. Dívar afirmó que Zapatero no estaba ajeno a la actividad gubernamental, sino que participaba activamente en temas internacionales y asesoraba al gobierno. También se abordó la presunta conexión entre Zapatero y Leire Díez, la fontanera del PSOE, a quien se le atribuyen posibles influencias en la agenda política del partido. Se destacó cómo, tras la detención de Julio Martínez, los mensajes intercambiados entre Zapatero y Alcázar cambiaron de tono, enfocándose en obtener información para preparar una posible imputación contra el ex presidente y planificar su defensa.

Vox, otro grupo político presente en la comisión, calificó el procedimiento como "falso" y señaló que la declaración de Zapatero ante el juez Calama incrimina directamente a Alcázar desde el principio. La senadora del PP también hizo referencia a los mensajes de WhatsApp entre Zapatero y Alcázar, en los que se mostraban comentarios irónicos hacia el PP, lo cual se interpretó como una muestra de desprecio hacia el partido rival. Dívar aprovechó la oportunidad para recordar a Alcázar que sobre ella pesan graves delitos, lo que refleja la gravedad de la situación.

Además, se abordó el tema de las joyas que Alcázar había declarado poseer, afirmando que provenían de una herencia y de regalos obtenidos durante viajes, con un valor estimado de 1,3 millones de euros. Sin embargo, el PP insistió en que Zapatero aún no había proporcionado documentación que respaldara el origen de estas piezas. En cuanto a la evaluación del juez Calama, quien ubicó a Alcázar como uno de los principales nodos de la organización, se destacó la importancia de su rol en el escándalo.

Mientras tanto, el PP anunció que volverá a citar a Alcázar ante la comisión, buscando aclarar las dudas planteadas durante la comparecencia. La situación sigue siendo compleja, con múltiples facetas legales y políticas en juego, y se espera que los próximos pasos incluyan nuevas indagaciones y posibles medidas judiciales. La comunidad política observa con interés cómo se desarrollará este caso, que tiene implicaciones significativas para la integridad institucional y la transparencia en la vida pública española.