Carmen Pano, una empresaria central en la investigación del "caso Leire," ha confirmado ante el juez que la abogada Leticia de la Hoz, representante de Koldo García, le ofreció 250.000 euros para que no ratificara en sede judicial las entregas de dinero en efectivo en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Según Pano, esta oferta incluía la financiación de la boda de su hija (25.000 euros), un alquiler a largo plazo (entre 2.500 y 2.700 euros mensuales durante cinco o siete años), y la compra de un coche a su chófer, Álvaro Gallego, por 15.000 euros. Ella afirma que estas propuestas provinieron en nombre del partido y eran a cambio de que no declarara haber entregado dinero en efectivo en Ferraz, la sede del PSOE.
Durante su declaración testifical, Pano mencionó haber tenido varias reuniones con Leticia de la Hoz y otra persona de su bufete. Además, según fuentes jurídicas, Pano no solo negó haber recibido dinero para callar, sino que también afirmó que no se premió al exministro José Luis Ábalos con un chalet en Cádiz como parte de una supuesta operación de soborno. Álvaro Gallego, en su testimonio, reconoció que, si Leticia de la Hoz y los demás hubieran sido más ágiles en su aproximación, podría haber aceptado el soborno, aunque posteriormente se habría arrepentido al descubrir la procedencia del dinero.
Las fuentes jurídicas también revelaron que la defensa de Leticia de la Hoz cuestionó durante la audiencia si Pano había amenazado a su cliente el 29 de mayo de 2026, diciéndole que lo implicaría en una causa de fraude del IVA en hidrocarburos si no confirmaba haber intentado comprarla. Sin embargo, fuentes cercanas a Pano indicaron que dicha conversación ocurrió, pero no se basó en amenazas.
El auto del juez Santiago Pedraz, que impulsó la causa, menciona que la trama investigada también se enfocó en Pano, quien habría sido ofrecida cantidades monetarias para modificar o condicionar su declaración testifical a principios de 2025. Según el auto, Ismael Oliver y Leire Díez, exmilitantes del PSOE, consideraron necesario negociar con Pano para que no insistiera en las entregas de dinero. La responsabilidad de esta "negociación" recae en Leticia de la Hoz, quien niega las acusaciones de haber ofrecido un soborno a Pano para garantizar su silencio. Por el contrario, afirma que fue Pano quien le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.
Estas supuestas entregas de dinero en Ferraz están siendo investigadas dentro de una pieza secreta del Juzgado Central de Instrucción número 2, que examina posibles irregularidades en los pagos de gastos del PSOE. Víctor de Aldama, empresario y comisionista, declaró ante el magistrado del caso Koldo que nunca le pidió a Pano que entregara dinero en su nombre en la sede del PSOE.
Este lunes también ha declarado como testigo, mediante videollamada, una joven que mantenía un procedimiento judicial contra el fiscal anticorrupción José Grinda. Según informes, la supuesta trama liderada por Leire Díez y Santos Cerdán intentó contactar con ella para influir en su testimonio contra Grinda. La joven confirmó haber estado en Ferraz en octubre de 2024, aunque no especificó exactamente cuándo se le ofreció ayuda para estabilizar un puesto de trabajo.
La Fiscalía Anticorrupción ha expresado su interés en que Víctor de Aldama continúe colaborando con la justicia, especialmente en relación con el caso de adjudicaciones de obras públicas, donde se investiga si él, junto con José Luis Ábalos y Koldo García, influyó en la adjudicación de contratos a empresas como Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), a cambio de sobornos. Si Aldama vuelve a colaborar, se espera que se solicite una reducción de la pena que enfrenta en otro caso.
Mientras tanto, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se encontró envuelto en un misterioso viaje a Bolivia en 2024, donde se reunió con el secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, un georgiano que luego fue investigado por actividades sospechosas. Durante el viaje, Zapatero se reunió con el presidente boliviano Luis Arce, según documentos de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF), con el objetivo de gestionar un acuerdo comercial a favor de una empresa peruana a cambio de una comisión. La UDEF exime a Pololikashvili de la gestión de este asunto, pero destaca el rol que Zapatero le asignó, describiéndolo como un "empresario entre empresarios" capaz de "mover todo."
Pololikashvili, antes de su controversia, fue reconocido por su capacidad de modernizar la OMT, aunque su carrera se vio afectada por conflictos con España y Arabia Saudí debido a disputas sobre la sede de la organización. Las investigaciones sobre su papel en el viaje a Bolivia siguen en curso, y aún no se han respondido todas las consultas realizadas a él.
En otro frente, el caso de la contratación de mascarillas durante la pandemia sigue siendo un tema de debate. Empresas como Soluciones de Gestión, recomendadas por Víctor de Aldama, obtuvieron grandes beneficios al vender mascarillas a precios elevados a administraciones públicas. A pesar de las acusaciones de corrupción, la Fiscalía Anticorrupción argumentó que no se encontraron irregularidades significativas en estos procesos. Finalmente, el Tribunal Supremo decidió no aplicar la condena de cárcel ni la multa a Aldama, considerando que la información privilegiada utilizada no fue suficientemente relevante para justificar una pena severa.
El caso Leire, con su compleja red de relaciones entre políticos, empresarios y abogados, sigue evolucionando, con nuevas declaraciones, contradicciones y revelaciones que podrían cambiar el rumbo de las investigaciones. Las próximas semanas serán cruciales para determinar quién está involucrado y cómo se desarrollará la justicia en torno a estos escándalos.
5 reports
elDiario.esIndependentLeftFactual 85Objective 855 days agoDuring the most critical months of the pandemic in Spain, public procurement of masks followed a chaotic process, allowing administrations to bypass standard competitive bidding procedures. Over €2 billion was spent on medical supplies amid collapsed oversight, with contracts awarded directly without price limits, supplier vetting, or transparency. This created opportunities for enrichment, such as in the case of Víctor de Aldama, who allegedly secured lucrative mask sales to Spanish ministries by bribing high-ranking officials. Despite allegations of corruption, prosecutors initially stated no significant irregularities were found in these emergency contracts. However, the case highlights concerns over potential misuse of emergency procurement rules during the crisis.
Bias read (Left): The article critiques the lack of oversight and potential for corruption in public procurement during the pandemic, focusing on instances where officials may have benefited personally through unethical practices. The tone emphasizes systemic flaws and the exploitation of emergency powers, aligning a
Why these scores (Factual 85 · Objective 85): This article outlines new imputations in the case involving José Luis Ábalos and others, citing court decisions and legal procedures. It maintains a factual tone, providing dates, roles, and legal citations. The reporting is balanced and avoids emotional language, presenting the facts clearly.
ABC (España)IndependentCenterFactual 80Objective 705 days agoThe Spanish anti-corruption prosecution (Fiscalía Anticorrupción) hopes that businessman and commission agent Víctor de Aldama will continue providing critical information to advance several major corruption cases currently under investigation at the National Court. One of these cases involves alleged bid-rigging in public works contracts, where Aldama is reportedly implicated alongside José Luis Ábalos and Koldo García, who are believed to have competed with Santos Cerdán to ensure that companies Obras Públicas y Regadíos (OPR) and Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) were awarded contracts in exchange for bribes.
Bias read (Center): The article presents factual information about ongoing legal investigations involving high-profile individuals and does not exhibit clear bias through loaded language, one-sided sourcing, or omission of context. It reports on the expectations of the anti-corruption authority regarding potential new,
Why these scores (Factual 80 · Objective 70): The article discusses corruption during the pandemic, referencing specific cases and figures like Víctor de Aldama. It references official reports and legal actions, supporting its claims. However, it uses emotionally charged language ('avaricia no es delito') which affects objectivity.
El MundoIndependent🔒CenterFactual 75Objective 80yesterdayThe National Police are investigating alleged corruption linked to sponsorship contracts for concerts involving businessman Pascual Llopis in the provinces of Cadiz and Seville. Eleven people have been detained, though three were released immediately. The investigation focuses on potential crimes such as money laundering, bribery, abuse of power, misappropriation of public funds, disclosure of secrets, insider trading, and influence peddling. The mayor of El Puerto de Santa Maria, German Beardo, who holds a position at the Provincial Council of Cadiz, has not been investigated and his office was not searched. He claims the handling of contracts related to Llopis was 'impeccable' and announced legal action against media outlets and political parties accusing him of involvement. The operation remains ongoing.
Bias read (Center): The article presents factual information about an ongoing police investigation into alleged corruption involving public officials and does not exhibit clear bias toward any political side. It includes statements from both the authorities conducting the investigation and the accused individual, Germn
Why these scores (Factual 75 · Objective 80): The article provides details about an ongoing investigation involving contracts related to concerts and public administrations, including the number of people detained and their release status. It mentions that the mayor of El Puerto de Santa María, Germán Beardo, is not under investigation. The inf
El ConfidencialIndependent🔒LeftFactual 65Objective 604 days agoThe article reports that Carmen Pano, a former member of Spain's Popular Party (PP), has insisted before a judge that she was offered 250,000 euros by 'cloacas'—a slang term often used to refer to corrupt officials or shadowy figures—to remain silent about cash payments made during her time at Ferraz, which is associated with the PP. The claim suggests potential corruption involving illicit financial transactions. The article highlights Pano’s testimony as part of ongoing legal proceedings related to alleged misconduct within the party.
Bias read (Left): The article frames the situation as a case of attempted bribery and corruption, using terms like 'cloacas' to imply clandestine and unethical behavior. It emphasizes Pano’s insistence on revealing this offer, suggesting a narrative that aligns with anti-corruption efforts typically supported by left
Why these scores (Factual 65 · Objective 60): This article focuses on Carmen Pano’s allegations against unnamed entities offering money to silence payments in Ferraz. While it presents a claim, it does not provide sufficient evidence or context, making it less factual. The language suggests a narrative rather than objective reporting, leaning t
El MundoIndependent🔒Center16 hr. ago The judge charged Ábalos' ex-lover Jésica Rodríguez and Koldo's brother with embezzlement after their hiring in two public companiesThe Spanish court has added new charges against Jésica Rodríguez, the former lover of former Transport Minister José Luis Ábalos, and Joseba García, brother of his former advisor Koldo García, for alleged corruption in their employment by two state-owned companies, Ineco and Tragsatec. The judges have ordered them to appear before the Supreme Court on July 20th. These accusations follow a ruling by the Supreme Court that deemed the hiring of Rodríguez as part of corrupt practices, leading to the conviction of Ábalos and Koldo. The prosecution argues that these new investigations are connected to the previous case, highlighting the potential criminal responsibility of Rodríguez as the main beneficiary of the illegal hiring process.
Bias read (Center): The article presents factual legal developments without overt ideological slant, focusing on judicial proceedings and legal outcomes rather than promoting a particular political agenda. It reports on the actions of public officials and legal entities without favoring any specific political group or黨
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