Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), solicita la suspensión del peritaje de audios relacionados con una investigación sobre presunta corrupción dentro del organismo. A través de sus abogados, presentó un escrito al juez federal Ariel Lijo cuestionando el análisis de un pendrive de 58 archivos entregado por el periodista Mauro Federico en agosto de 2025. Los abogados sostienen que estos archivos no fueron formalmente incorporados al expediente judicial, no existen registros de su contenido, y no se ha verificado su autenticidad mediante métodos forenses como el código hash. Además, el pendrive fue entregado a la Justicia solo el 14 de julio de 2026, casi un año después de su entrega inicial. La defensa solicita que se excluya el pendrive del análisis y que la pericia se centre únicamente en las grabaciones públicamente difundidas. Mientras tanto, la Gendarmería ya inició el peritaje con la participación de expertos designados por las partes involucradas.
Bias read (Progressive): The article frames the legal challenge by Spagnuolo’s defense as a legitimate concern over procedural integrity and transparency, emphasizing the lack of formal documentation and forensic verification of the evidence. The tone suggests skepticism toward the state's handling of the case, aligning it,





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