Lina Castillo, una joven que denunció en 2019 presuntos actos de acoso sexual y laboral hacia Hollman Morris, quien entonces era concejal de Bogotá, regresó a una audiencia judicial el 28 de julio para exigir justicia. Durante la audiencia, la jueza 86 penal municipal autorizó la petición de la Fiscalía para precluir el caso por injuria y calumnia relacionadas con las declaraciones de Castillo. Morris respondió al acusarlo de usar una estrategia para dañar su reputación, lo que generó un debate entre Castillo, su representante y la abogada de Morris. Castillo expresó sentirse revictimizada, mencionando recibir ataques en redes sociales y amenazas, y criticó la falta de protección y empleo público. También cuestionó la justicia mediática y destacó que Patricia Casas fue la primera en denunciar a Morris.
Bias read (Progressive): The article frames the situation through Lina Castillo's perspective, emphasizing her victimization and the lack of institutional support. It highlights systemic issues within political accountability and justice, which aligns with left-leaning concerns about gender-based violence and institutional罔





